Patricia Bullrich: cuatro años de seguridad armada

El balance sobre la política criminal del gobierno de Cambiemos
Durante su gestión como ministra, la ahora futura presidenta del Pro se ocupó de construir enemigos a fuerza de insuflar la idea de la amenaza terrorista, perseguir a los consumidores para hacer la guerra a las drogas, reprimir con violencia reclamos sociales y disputar la territorialidad de la calle con armas, cuyo usó favoreció con protocolos especiales.

Patricia Bullrich en junio de 2017, durante un operativo en la Villa 1-11-14.


Imagen: DyN

El viernes 29 de enero de 2016, un grupo de gendarmes disparó balas de goma contra la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo en la villa 1-11-14 con chicos y mujeres en primera fila. Fue la primera aparición pública distintiva del paradigma de seguridad con el que el gobierno de Cambiemos pretendía quedar etiquetado, el de la seguridad a cargo del brazo armado. Para subrayar que no se trató de un error sino de un método, en medio del escándalo, la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió desde su cuenta personal de Twitter imágenes en las que posaba junto a un par de gendarmes heridos de bala en un operativo desarrollado en otra villa, como si se trataran de heridos en un supuesto enfrentamiento con una murga de mujeres y niños. Durante cuatro años, con el rostro de Patricia Bullrich como administradora de la violencia estatal, el gobierno macrista profundizó el criterio: construyó al enemigo insuflando la idea de la amenaza terrorista, levantó una suerte de guerra santa contra las drogas en la que apoyó la persecución del consumidor, apeló a la represión violenta contra los reclamos sociales, disputó la territorialidad de la calle con armas, distribuyó estos horizontes entre las fuerzas de seguridad provinciales, redactó protocolos para justificar (favorecer) el uso de las armas entre las fuerzas de seguridad, y desplegó en la sociedad la idea de la utilización de armas para resolver conflictos. Es el único gobierno democrático que recibió en la Casa Rosada a un policía procesado por matar por la espalda. La gestión de Bullrich quedará identificada con el apellido Chocobar. No es a disgusto de la administración.

La política de seguridad estuvo radicalmente dirigida a llevar desde el ámbito de lo “ciudadano” a la “defensa nacional”. “Durante estos cuatro años sufrimos varias regresiones –dijo Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS a Página|12. Primero, la subordinación a agendas extranjeras y el efecto que tuvo esa subordinación en términos de seguridad, que se manifiesta al adoptar la idea de terrorismo.” Según Tufró, el desarrollo de la idea de terrorismo requirió de parte del gobierno “la construcción del enemigo interno, que hace tiempo que no se veía de esta manera” y que tiene como hitos la posición de Bullrich respecto a la muerte de “Santiago Maldonado, la cuestión mapuche, los falsos positivos. Fue una regresión –sostuvo Tufró–, porque implicó salirse de una idea de seguridad ciudadana para pasar a una idea de seguridad nacional”.

Casos como el de los artistas chilenos Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers , que fueron detenidos en abril pasado acusados de terrorismo, la paranoia que disparó con deportaciones o prohibición de ingreso pocos días después –la delegación de Pakistán de Futsal que venía a competir en el Mundial Misiones 2019 de esa disciplina fue deportada por cuestiones de “seguridad nacional” .

“La promoción de la violencia institucional es una segunda regresión –consideró Tufró–, derivó en el uso irracional de la fuerza, la posición asumida con los casos de Chocobar, Rafael nahuel, en los que antes de que se investigue el gobierno ya salía a apoyar la manera de actuar. También tuvo repercusión en reglamentos y protocolos como el del uso de armas por parte del personal de fuerzas de seguridad, que van a tener que ser revisados porque no se aplican a los standards mas básicos”. Tufró también mencionó la “enorme cantidad de detenciones, la persecución sistemática a consumidores se reactivó. El uso irracional de la policía en forma arbitraria”.

Por último, destacó la tercera regresión marcada, con Patricia Bullrich como fiel representante, fue “la limitación del derecho a la protesta, no solo por la represión en movilizaciones concretas, sino por la persecución a la organización social, que empezó con Milagro Sala, en 2016, la estigmatización de la huelga de los docentes, la represión del 8M”.

“Nos deja un importante retroceso –dijo Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria– en términos de derechos humanos, y cambios regresivos muy importantes en la legislación, cuyos efectos se van a ver a futuro. La ley de flagrancia, la de reforma a la Ley de Ejecución Penal federal, las distintas reglamentaciones como protocolos en las fuerzas de seguridad, por ejemplo el de la habilitación a disparar que surge a partir del caso Chocobar.”

“Todo esto –continuó Cipriano– se va a traducir en una cada vez mayor penalización del sistema y lo va a seguir produciendo. No es sólo el desmesurado crecimiento de los índices de prisionalización. Consolidó un mensaje, el de la doctrina Chocobar, un mensaje de profundo impacto desde el punto de vista de los derechos humanos y las garantías elementales, y que habilita a que el Estado cometa delitos en su accionar. Eso es muy importante en la disputa por el sentido común de la sociedad, porque generan una conciencia de que la política de seguridad debe estar dirigida a perseguir, terminan avalando esas doctrinas.”

Cipriano coincidió en que Cambiemos decidió la “rápida alineación del Estado con las prácticas de seguridad estadounidenses: la doctrina de lucha contra el narcotrafico, y el terrorismo internacional. Cuando habla del narcotrafico lo hace con la previa construcción de un enemigo que tiene un correlato en determinados sectores vulnerables.”

De la espectacularidad de Cambiemos

Para Sabina Frederic, doctora en Antropología (UNQ-CONICET) y coordinadora del GT CLACSO Policías y Seguridad en Regímenes Democráticos, “la política de Seguridad de Cambiemos merece ser desagregada en varios niveles. Algunos más visibles. Los de alto impacto mediático, anclados en la espectacularización de procedimientos policiales, decomisos y allanamientos en la denominada ‘lucha contra el narcotráfico’, desarticulación de ‘bandas’, ‘mafias’ y el ‘crimen organizado’.”

Frederic sostiene que el nivel de alto impacto mediático “se apoyó en la creciente naturalización de la asociación entre inseguridad y narcotráfico”.

“También en este nivel la política de seguridad se recostó en la sobreactuación de la protección y el cuidado de las Fuerzas de Seguridad, dramatizando las diferencias con la gestión del gobierno anterior”, señaló Frederic. La imagen de Bullrich acompañando a los gendarmes heridos durante el ficcionado enfrentamiento con la murga de niños y mujeres forma parte de esa decisión discursiva.

“Algunos de los hitos fueron la desaparición de Santiago Maldonado y la invención de la ‘Doctrina Chocobar’. Este nivel más discursivo fue también acompañado por protocolos y reglamentos que autorizaban el uso hiperdiscrecional de la fuerza por parte de los/as policías. Generaron un clima de impunidad, que derivó en el incremento de la violencia institucional según datos de la CORREPI. En cualquier caso, los diversos protocolos lanzados y promovidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde la habilitación del derribo de aviones en vuelos clandestinos, hasta el protocolo de uso de la fuerza en manifestaciones, hasta la autorización de hacer uso del arma de fuego sin dar la voz de alto, fueron impulsados por una misma lógica: extinguir o relegar la actuación de la justicia.”

Sobre los resultados verificables de las decisiones asumidas por Patricia Bullrich, Frederic consideró que “si analizamos los efectos concretos, la lucha contra el narcotráfico no disminuyó la oferta de drogas ilegalizadas, ni el consumo, tal como lo indica el último informe de la SEDRONAR. Esto indica su ineficacia. Pero, además, amplificó las causas penales contra consumidores y pequeños traficantes, que terminaron abarrotando las cárceles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, en todo el sistema penitenciario, al incrementar la tasa anual de población penitenciaria del 3% que teníamos hasta el 2015 al 12% a partir de 2016.”

 

“También fue incapaz de reconvertir a la Policía Federal en una policía de investigación criminal (una suerte de FBI), no ejerció supervisión alguna sobre la formación, la capacitación y el reentrenamiento, ni garantizó los derechos laborales efectivos de las fuerzas de seguridad y policial considerando el malestar existente y la serie de causas judiciales pendientes de resolución.”

“Hay más de cien mil presos”

“A partir del año 2015, lo que se produjo en la Argentina fue un proceso de revigorización policial, lo que puede resumirse en la libertad que el Poder Ejecutivo le dio a las fuerzas de seguridad para manejar con cierta discreción el territorio, no en el sentido de doble pacto, sino en el sentido del control policial de la pobreza emergente a partir de las medidas tomadas durante estos últimos 4 años”, sostuvo Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal de la CABA a Página|12.

“Esto llevó a que, en determinados lugares, las políticas de seguridad hayan tenido como horizonte el manejo de la calle, lo que no quiere decir que se haya querido controlar la criminalidad ya que eso depende de la elaboración y planificación seria en términos político-criminales. Ni Bullrich en Nación, ni Ritondo en Provincia, como tampoco Santilli en Ciudad, tienen los conocimientos técnicos necesarios en materia securitaria. Por otro lado, para sintetizar, recuerdo que Esteban Righi, ex ministro del interior del Dr. Héctor Cámpora durante los 49 días que duró su gobierno allá en el año 73, dijo que para evaluar los resultados de un gobierno había que mirar las cárceles, ya que estas eran el mejor reflejo de su política social. Si estas estaban medianamente vacías, era porque el gobierno había incorporado a su sistema social y productivo a aquellos que se encontraban fuera, si estas estaban llenas, había fracasado. Tomando a este punto, el gobierno de Macri cierra su gestión en materia de seguridad con la mayor cantidad de presos de la historia del país, hay más de cien mil presos, entre procesados y condenados, lo que significa que la tasa de personas privadas de la libertad hoy por hoy es de casi 200 presos cada 100 mil habitantes. Todo un reflejo de lo que fue este gobierno en materia económica, política y social.

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